Por Javier Simancas C.
DIARIO EL TIEMPO DE QUITO, 3 DE JULIO DE 1978
¿Quién o quiénes son los responsables del fracaso de los escrutinios de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República?
Si hubiera un jurado del pueblo inmediatamente pasarían al sillón de los acusados: el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y sus representantes que concurren a las audiencias públicas y otros invisibles cómplices y encubridores del delito de fraude de la voluntad soberana del pueblo.
Los miembros del Supremo Electoral son acusados por múltiples causas: sucesivos errores en la conducción del proceso eleccionario desde el comienzo de su gestión; arrogancia de algunos de sus componentes que están provocando la desintegración del organismo; un ineficaz aparato técnico-administrativo, autor de los problemas de última hora que han tenido que afrontar los tribunales provinciales; e incumplimiento de la ley, reglamentos e instructivos.
Por estas causas son responsables de las irregularidades cometidas y que han motivado la anulación de las elecciones en un número significativo de juntas receptoras del voto en las provincias de Esmeraldas y Cotopaxi, y que al momento, ya no son “ un pálido reflejo de lo que vendrá sino un claro reflejo que se ha burlado la voluntad popular expresada el 16 de julio.
Hay que subrayar que en vez de ofrecer soluciones, los tribunos pretenden eludir responsabilidades, tratando de endilgar la culpa a los organismos provinciales como los autores de los hechos denunciados.
Por estas causas, si hubiera el jurado del pueblo, sus integrantes estarían sentenciados a fuertes condenas y sobre todo a la sanción moral de todos los ecuatorianos.
Los otros acusados representantes de los partidos políticos que, en representación de los bloques de derecha, centro e izquierda concurren a las audiencias públicas, deberían ser juzgados por no denunciar las evidencias del fraude electoral, pero al contrario, más bien coadyuvan a que las irregularidades descubiertas sean causa de anulación, con el único propósito de perjudicar a los candidatos adversarios.
A esto se añade que cada agrupación, cada partido, ha olvidado su misión fundamental y ha dejado atrás la necesidad suprema de propiciar la unidad nacional tantas veces enunciada en retóricas intervenciones y nunca practicada.
La sentencia para estos responsables del fracaso electoral, sería más severa que la impuesta para aquellos que son el obstáculo a la democratización del país.
Estamos a punto de culminar el proceso de democratización del Estado, y ahora más que nunca nos encontramos desunidos y desorganizados.
Parece que quisieran que este proceso fracase, y que sea el camino de la violencia y anarquía la respuesta a la decisión popular de cambiar el estado de cosas y de volver a la normalidad constitucional, tan difícilmente conquistada.
