NUEVA YORK (Agencia ANE)._El expresidente,Nicolas Maduro,su esposa,Cilia Flores y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra,enfrentarán la justicia norteamericana acusados de narcoterrorismo.
El exdictador se sentará en el banquillo este lunes.Ahora guarda prisión,así como su mujer, una de las cárceles de Nueva York, tras su captura en Caracas durante un operativo militar del ejército norteamericano. Su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra sigue en Venezuela y actualmente es miembro de la Asamblea Nacional. Es mejor conocido como «Nicolasito» o «El príncipe».
Además de los esposos Maduro e hijo están acusados Diosdado Cabello Rondón: Ministro del Interior, Justicia y Paz, y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Ramón Rodríguez Chacín: Exministro del Interior y Justicia y exgobernador del estado Guárico y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias «Niño Guerrero»): Líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA). Estos siguen en Venezuela y se suponen controlando el Poder, mientras la vicepresidenta, Deysi Rodríguez, ha asumido, en la clandestinidad el cargo dejado por Maduro.
Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo público este sábado una lista actualizada de los cargos contra Maduro.Amplía la presentada en el 2020.Ahora lo acusa como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.Maduro había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la DEA.
Según el documento judicial revelado este sábado, los cargos incluyen cuatro imputaciones: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos.
En septiembre de 2025 Maduro fue declarado un «fugitivo de la justicia estadounidense».El Gobierno de Estados Unidos, no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y puso precio a su cabeza ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares.
El derrocado gobernante podría ser condenado a penas potencialmente muy elevadas, especialmente por los delitos relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas automáticas, que, combinados con el tráfico de drogas, pueden derivar en largas condenas de prisión.
