Escrito por Javier Simancas C
DIARIOS EXPRESO- LA HORA, 11 MAYO 1990 Y 5 JUNIO 1990
El “lleve” como ha sido bautizado no es nuevo. Con diferentes nombres se ha institucionalizado en la vida administrativa, pública y privada de la República. Ha sido, es y será la fuente de la corrupción y discordia entre adversarios y la plataforma para los aspirantes a presidentes,a diputados, concejales y consejeros. Las campañas electorales se fundamentan en la lucha por la moral y para eliminar la corrupción.
El “lleve” es más alto en los grandes contratos, en las transacciones costosas, pero también «llevan» los pequeños ladronzuelos de bajo nivel salarial burocratico. Estos últimos son los picaros que caen por centavos y a los que más persiguen los órganos de control fiscal.
Hasta el momento no ha habido poder humano, peor legislación penal alguna que elimine esta manera de enriquecimiento ilícito de aquellos transeúntes de la política que se sirven del Estado para su provecho. El mal esta arraigado en lo más profundo de la sociedad ecuatoriana, es lo más normal porque la “comisión” del 10 o 15 % no deja huellas. Los nuevos ricos aparecen de un prudencial paréntesis de su vida pública y en otros casos paralelamente a su tránsito por el sector público con una desfachatez y desvergüenza que alarma.
Cada vez que los sobornados y sobornadores se inventan más refinados fórmulas para el éxito del cohecho o coíma. Ya no esperan los intermediarios en la antesala de los locales de los comités de licitación con los maletines negros a cada uno de los delegados, sino que hoy por hoy se abren cuentas en dólares o se entregan bienes-muebles en diferentes partes del país.
En “arca abierta el justo peca” dice el refrán en la tentación de grandes y chicos. Los primeros alcanzan más poder y posiciones, los segundos apenas para supervivir o ir a la cárcel.
El “lleve”… “lleve” ha recrudecido. Las denuncias vuelan a los cuatro vientos, la denuncia disimula, los órganos de control no tienen pista y los sumarios se arruman en los archivos de los juzgados, al igual que aquellas denuncias que pusieron a buen recaudo en los últimos años a los infractores.
Muchos piensan que este fenómeno social de corrupción pública solo puede ser afrontado imponiendo tributos sobre la base de una exhaustiva investigación de los ingresos susceptibles de caer en estas tentaciones, hasta que en un auténtico congreso popular pueda legislar definitivamente contra el enriquecimiento ilícito.
