QUITO (Agencia ANE)._ El presidente de Ecuador,Daniel Noboa tendrá dificultades políticas y de estabilidad gubernamental si no logra resultados concretos en la guerra interna contra los grupos criminales organizados.
Un estudio de Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) advierte que de no lograr resultados concretos en materia de seguridad podría dañar su imagen pública tanto a nivel nacional como internacional, debilitando a su gobierno de cara a las elecciones locales de 2027. A menos que el gobierno tome el control de las prisiones y establezca una presencia más permanente en comunidades plagadas de pandillas, es probable que la violencia siga aumentando en 2026 y posiblemente se extienda a otras provincias,dice el estudio.
Agrega que no hay señales de que las guerras de territorios entre bandas vayan a disminuir. Aunque debilitada, la banda de Los Choneros sigue teniendo un poder significativo en varias partes del país, y será difícil para Los Lobos desmantelar la red social e institucional que ha tejido, especialmente en la provincia de Manabí. Por su parte, Los Lobos también podría sufrir más luchas internas tras la detención de su líder en España y ahora en libertad.
Estas luchas probablemente se desarrollarán en las calles y en las prisiones, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema penitenciario con la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, donde ha empezado a enviar a los criminales más peligrosos. Esto podría provocar motines de bandas, mientras que las actividades delictivas podrían extenderse aún más a las comunidades cercanas al nuevo centro de detención. Además, el país iniciará pronto el proceso que conducirá a las elecciones locales de febrero de 2027. Esto probablemente catalice la violencia contra figuras políticas, ya que las bandas intentan obstaculizar la elección de funcionarios considerados hostiles o que se cree que están aliados con rivales, como ocurrió en 2023, subraya ACLED.
Asegura que los desarrollos políticos y de seguridad en los países vecinos también moldearán la evolución de la crisis de seguridad en Ecuador. En Colombia, el presidente Gustavo Petro espera alcanzar acuerdos finales con algunos grupos armados antes de que finalice su mandato en agosto de 2026, mientras intensifica la presión militar contra actores armados que han mostrado poco compromiso con avanzar en las conversaciones de paz iniciadas como parte de su estrategia de Paz Total. Petro está trabajando en llegar a acuerdos con Comuneros del Sur y el Coordinador Nacional del Ejército Bolivariano de las FARC disidentes — ambos operan en los departamentos del sur de Nariño y Putumayo.
Los desarrollos en la presencia y acciones de grupos armados en el sur de Colombia probablemente repercutirán al otro lado de la frontera, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, donde la red de relaciones entre grupos podría alterarse. Por su parte, Perú —que también está experimentando un deterioro en su seguridad— elegirá a un nuevo presidente en abril de 2026. Las políticas implementadas por el nuevo gobierno, especialmente aquellas destinadas a frenar el contrabando de oro y armas extraídos ilegalmente hacia Ecuador, jugarán un papel en frenar o fomentar el acceso de las bandas a armas de fuego y recursos financieros.
Además, las políticas estadounidenses también influirán en lo que ocurra a continuación en Ecuador. El aumento militar estadounidense en el Caribe y los múltiples ataques contra lo que alegan son buques de tráfico de drogas podrían reducir temporalmente las actividades de tráfico marítimo en el Caribe, mientras dure el despliegue. Sin embargo, las organizaciones narcotraficantes podrían desviar sus actividades hacia el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han atacado algunos buques frente a las costas colombiana y mexicana, pero no cuentan con una presencia militar significativa, aumentando aún más el flujo de drogas a través de Ecuador. Mientras tanto, la represión de la administración Trump sobre la inmigración ha reducido el número de ecuatorianos que llegan a Estados Unidos pero mientras la situación de seguridad siga deteriorándose en Ecuador, un número creciente de ciudadanos sentirá la necesidad de trasladarse, ya sea internamente o a otros países de la región. Aunque aún esté lejos de convertirse en una crisis humanitaria total, el desplazamiento masivo o la emigración tendrían graves consecuencias humanitarias para Ecuador y los países receptores.
En 2025 más del 70% de los 18 millones de habitantes del Ecuador estuvieron expuestos a la violencia del crimen organizado, más que en cualquier otro país de América Latina Antes era un refugio seguro para venezolanos y colombianos que huían de conflictos y violaciones de derechos humanos, pero se ha convertido en un país inhóspito para sus propios ciudadanos. Desde 2021, alrededor de 132.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia, y más de 400.000 —o más del 2%— han abandonado el país.
Un motor clave de la escalada violenta en curso es la competencia entre las bandas de Los Lobos y Los Choneros. Los Lobos han aprovechado la vulnerabilidad de Los Choneros para apoderarse de territorios que sirven como rutas estratégicas para el narcotráfico y la exportación de oro, lo que ha provocado una guerra territorial con graves consecuencias La violencia ha aumentado especialmente en las provincias de Los Ríos y Manabí, bastión de Los Choneros a lo largo de la costa. Pero no se detuvo ahí: la incursión de Los Lobos en territorio rival también precipitó un conflicto con la banda Los R, aliada de Los Choneros en Santo Domingo de los Tsáchilas.
EL PRINCIPAL PROBLEMA
Para el gobierno ecuatoriano el principal problema que tiene el combate armado contra las organizaciones criminales,. son los mecanismos constitucionales ordinarios que limitan la conducción de las operaciones del bloque de Seguridad.
Según informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “ se ha evidenciado que los mecanismos constitucionales ordinarios presentan limitaciones críticas para la conducción de las operaciones militares, tales como: demoras en la obtención de autorizaciones para allanamientos e interceptaciones, incompatibles con la dinámica de amenazas en fase de planificación o ejecución, que requieren intervención inmediata para neutralizar ataques o capturar a sus responsables;riesgo de filtración de información durante el trámite ordinario, lo cual ha permitido la evasión de objetivos, la frustración de operativos y la recomposición de estructuras delictivas; y reducción del factor sorpresa, que constituye un elemento esencial para el éxito de las operaciones contra organizaciones armadas no estatales y para minimizar la posibilidad de enfrentamientos, represalias o emboscadas que incrementen el riesgo para la población civil y el personal interviniente.
Dicen los informes que si bien existen procedimientos legales para allanamientos e interceptaciones, éstos exigen autorizaciones previas y formalidades que, en un contexto de violencia grave y dinámica criminal acelerada, pueden convertir la respuesta estatal en tardía e ineficaz.
Concretamente los procedimientos ordinarios han resultado insuficientes para interrumpir el escenario de violencia y criminalidad organizada en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná,Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía,Bolívar.
En dichas provincias las estructuras delictivas organizadas, están vinculadas principalmente al tráfico interno de drogas, sicariato y control de economías ilícitas. Los hechos violentos evidencian ataques planificados en espacios cerrados, con víctimas múltiples, lo que refleja disputas territoriales y ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, señala dichos informes..
Señala como ejemplo que en los días 27 y 28 de diciembre de 2025 hubo una ola de violencia extrema caracterizada por al menos nueve muertes violentas en un lapso inferior a cuarenta y ocho horas, producto de ataques armados ejecutados con alto poder de fuego y planificación coordinada. Particular gravedad reviste el ataque perpetrado en el malecón del cantón, Puerto López, espacio de alta concurrencia turística, comercial y pesquera, donde seis personas entre ellas una niña de dos años de edad fueron asesinadas por sujetos armados que se movilizaban en camionetas y motocicletas, generando pánico colectivo, cierre preventivo de establecimientos y paralización parcial de las actividades económicas locales.
